Familia de José Tilo Hernández García, trabajador de origen mexicano y de 55 años de edad que cayó al río Ogeechee mientras trabajaba solicitan ayuda para conseguirlo y repatriarlo a México

De acuerdo con las autoridades del Condado de Bryan, hoy miércoles marca el décimo día de búsqueda para recuperar el cuerpo de José Hernández, el trabajador de origen mexicano que cayó al río Ogeechee mientras trabajaba en un puente realizando labores de mantenimiento.

En la actualización diaria de la Oficina del Sheriff sobre este caso, se asegura que se está haciendo todo lo necesario para poder encontrarlo incluyendo el rastreo con un K9 con experiencia en recuperación de restos, y que el día de ayer el canino arrojó un área cerca del río donde podría encontrarse Hernández García.

Por esta razón, los esfuerzos de rastreo con sonar y buzos se concentrarán en esa área y sus alrededores. A la búsqueda de José Tilo se han unido también sus allegados y conocidos, quienes han decidido abrir una campaña de GoFundMe con el fin de poder rentar un bote o algo similar que les permita ampliar el radio de búsqueda.

También, piden apoyo a la comunidad para que se pueda repatriar el cuerpo de Hernández García a su natal México luego de recuperarlo.

Según la campaña, José Tilo Hernández García era un hombre muy trabajador que enviaba dinero a su familia e hija quienes viven en México y quien falleció como consecuencia de un accidente ocurrido el pasado 7 de abril mientras trabajaba bajo el puente de la I-95 en Richmond Hill, a las afueras de Savannah, Georgia.

En la campaña se puede leer lo siguiente: “Lamentablemente, sabemos el desenlace y les pedimos su ayuda, ya que es poca familia en los Estados Unidos”.

En una misiva divulgada por la Oficina de Prensa del Senador demócrata por Georgia al congreso de los Estados Unidos Jon Ossoff ha iniciado un proceso con apoyo bipartidista para frenar los intentos de la Casa Blanca de eliminar por completo el acompañamiento legal con el que cuentan los menores migrantes sin acompañamientos que en estos momentos se encuentran internados en las diversas instituciones migratorias en espera de una posible deportación.

El documento dirigido al nuevo Secretario de Salud Robert Kennedy Junior busca restituir los servicios de acompañamiento legal para los más 26 mil menores de edad que no cuentan un adulto que les represente, conduzca y defienda en medio de las audiencias y distintos procesos migratorios cuyas decisiones podrían cambiar sus vidas para siempre.

La decisión: “pone a los niños en riesgo directo de trata y explotación”

La carta, firmada también por la Senadora Republicana Lisa Murkowski representante de Alaska en el mismo hemiciclo busca demostrar el apoyo que ambos partidos muestran a la iniciativa de revocar la decisión tomada durante el pasado mes de marzo de finalizar un contrato federal con el Centro de Justicia Acacia, una entidad que ofrecía servicios legales a menores de edad migrantes y no acompañados, incluyendo representación legal en tribunales y clínicas.

Ambos senadores afirman que dicha decisión “pone a los niños en riesgo directo de trata y explotación, y perjudica cualquier esperanza de un proceso legal justo para miles de niños vulnerables”.

Así mismo, la organización denunció que los programas de Orientación Legal para Custodios de Niños No Acompañados y para Grupos Familiares ayudan a familias, niños y personas a comprender mejor sus derechos y obligaciones ante el tribunal de inmigración, así como el Servicio de Ayuda en el Tribunal de Inmigración vencerán el próximo 16 de abril, dejando en el limbo a miles de niños y familias que dependen de dichas asesorías para poder navegar el complejo sistema migratorio norteamericano.

La Administración Trump ha eliminado el programa BRIC de la FEMA, con lo cual cancela la subvención destinada a trabajos para inundaciones en Savannah

La lucha por combatir el problema de las inundaciones en la ciudad de Savannah ha sufrido otro duro golpe, luego de que la FEMA eliminara una subvención de 30 millones de dólares que sería destinada a mejorar los problemas históricos de inundaciones y drenaje.

Sin embargo, la administración Trump ha decidido recortar gastos considerados “despilfarradores” y ha cancelado por completo el programa Building Resilient Infrastructure and Communities (BRIC) de la FEMA el cual consideró demasiado politizado, lo que podría significar que la problemática con décadas de existencia persistiría sin posible solución a la vista.

Con la aprobación de la anhelada subvención durante el otoño del 2024, lo que significó un triunfo para los políticos locales que venían presionando y buscando ayuda federal para lograr hacer frente al problema de las inundaciones.

El anuncio se sintió como una bofetada tanto para las autoridades locales como para los residentes, quienes esperaban poder olvidarse de las calles y casas anegadas especialmente durante la temporada de huracanes.

Savannah es una de las más de 400 ciudades que se han quedado sin ayuda federal. Las autoridades aseguran que buscan alternativas para evitar que el financiamiento recaiga en el bolsillo de los residentes

A la fecha, la ciudad de Savannah ya ha gastado 2,9 millones de dólares de la subvención en la fase de diseño y topografía del proyecto, y ahora tendrá que encontrar una nueva manera de financiar las mejoras necesarias.

Durante una entrevista, el alcalde Van Johnson se opuso a elevar la taza de amillaramiento para conseguir el dinero restante de los contribuyentes de la Ciudad Anfitriona, y aseguró que se encuentran buscando alternativas para seguir adelante. Además de Savannah, otras 449 ciudades se verán afectadas por esta cancelación de subvenciones que representan un total de 4.400 millones de dólares.

La falta de financiación federal supone un desafío para las comunidades locales que deben encontrar formas alternativas de financiar proyectos de mejora de infraestructuras.

Autoridades del Condado de Bryan han identificado al trabajador caído en el río Ogeechee como el hispano José García Hernández de 55 años

De acuerdo a las redes sociales de la Oficina del Sheriff del Condado de Bryan, hoy continúan las actividades de recuperación del cuerpo del trabajador que cayó hacia el Río Ogeechee el lunes 7 de abril mientras se encontraba realizando labores de mantenimiento debajo del puente ubicado en la I-95.

Las labores de búsqueda han sumado a un canino especializado en la recuperación de cuerpos desde el día de ayer, mientras que un esfuerzo de varios cuerpos policiales se sigue llevando a cabo para dar con el paradero del mismo.

Como recordarán, Pasa La Voz Noticias reportó el accidente; y las labores de rescate fueron interrumpidas más tarde ese día debido a la amenaza de clima severo que ponía en riesgo la integridad física de los cuerpos de rescatistas.

A inicios de esta semana, un portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Bryan dio a conocer la identidad del trabajador fallecido: José García Hernández de 55 años. Para el momento del incidente, García se encontraba empleado por una subcontratista encargada de ofrecer mantenimiento en lugar donde ocurrió su caída.

La Administración del Seguro Social de Estados Unidos ha comenzado a clasificar a miles de inmigrantes con estatus legal temporal y números de Seguro Social como muertos con el objetivo de forzar a miles de personas a salir voluntariamente del país.

Los primeros en ser clasificados como “inelegibles” fueron más de 6.000 inmigrantes que llegaron al país a través del programa de Parole Humanitario desarrollado por el ex presidente Joe Biden.

Sin embargo, existe el temor que otros inmigrantes con números legales de Seguro Social también sean afectados. Esta medida ha generado preocupación entre los congresistas demócratas y los defensores de los derechos de los inmigrantes. Martin O’Malley, ex comisionado de la SSA durante la administración de Biden, calificó la medida como “ilegal en tantos aspectos” y expresó su preocupación por el impacto que esto podría tener en los derechos de las personas.

Esta muerte legal haría imposible a los afectados a tener acceso a cuentas bancarias, créditos y otros posibles beneficios, forzándolos a huir

Esta medida que forma parte de una serie de acciones impulsadas por Elon Musk y el Departamento de Eficiencia Gubernamental busca avanzar en la visión del presidente Trump de una represión masiva de la población migrante.

Su objetivo es cortar el acceso de los inmigrantes a servicios financieros cruciales, como cuentas bancarias y tarjetas de crédito.

Para ello, el gobierno está utilizando el “archivo maestro de defunciones” de la Seguridad Social para incluir los nombres de personas vivas que considera que deben ser tratadas como si estuvieran muertas. Esto les impedirá tener una forma de identificación que les permita ganar y gastar dinero de forma legal y sencilla.

De acuerdo a múltiples fuentes, hasta ahora los nombres que han sido agregados a esta lista son de personas con antecedentes penales o con conexiones con el terrorismo; pero existe la preocupación de que se pueda expandir para incluir a otras personas sin autorización en el país.

La Administración del Seguro Social también ha acordado proporcionar las últimas direcciones conocidas de 98.000 personas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, lo que ha generado preocupación sobre la seguridad de la información personal en manos de esta agencia.

El IRS ha llegado a un acuerdo de entendimiento con el DHS con el fin de revelar información sensible como dirección de domicilio de migrantes indocumentados

De acuerdo a varios medios internacionales y un documento legal introducido en el Distrito de Columbia el día de ayer, el ente federal de recaudación de impuestos conocido por sus siglas en inglés como IRS ha llegado a un acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional para ofrecer información sensible sobre los migrantes indocumentados que pagan sus impuestos en el país, con el objetivo de detener a aquellos que estén siendo buscados por las autoridades.

Según un comunicado difundido por varios medios, el IRS y el DHS han llegado a un entendimiento a través de la creación de un documento que establecerá las normas a través de la cual se hará saber la información necesaria de los migrantes indocumentados en el país, con el fin de facilitar las labores de seguridad migratoria y nacional.

Una de las prioridades del entendimiento es poder ubicar a aquellos migrantes indocumentados quienes se encuentran siendo buscados por la justicia, como aquellos que han fallado o se niegan a irse del país luego de haber sido ordenados de hacerlo y de tener una orden de expulsión.

Un comunicado emitido por el Departamento de Tesoro expresa: «Después de cuatro años de Joe Biden inundando la nación con extranjeros ilegales, la máxima prioridad del presidente Trump es garantizar la seguridad del pueblo estadounidense».

La decisión genera miedo e incertidumbre en las comunidades migrantes

Las cifras registradas por el Censo Nacional estiman que al menos 11 millones de personas que residen en los Estados Unidos son migrantes indocumentados; y diversos estudios afirman que más de 8 millones de ellos contribuyen activamente a la nación a través del pago de los impuestos.

No obstante, esta nueva medida llena de miedo e incertidumbre a la comunidad migrante días antes de vencerse el plazo para la declaración del impuesto sobre la renta, el cual cerrará el próximo 15 de marzo.

Algunos migrantes sienten miedo de acercarse a las oficinas del IRS a oficializar su ITIN al tener un estatus migratorio en proceso; sin embargo, también temen que al no declarar impuestos puedan sufrir algún tipo de penalización financiera o legal. Mientras tanto, otros migrantes se muestran inquietos ante la medida y que su respectiva aplicación en el futuro inmediato resulte en una expulsión del país.

Este nuevo acuerdo cambia de forma histórica y abrupta la manera en la que la agencia de impuestos usa su excepción para perseguir casos criminales, así como la relación entre el ente recaudador de impuestos y la población migrante y trabajadora que hace vida en el país.