Los reguladores federales han sancionado a 3 subcontratistas por graves infracciones de seguridad que provocaron la muerte de Héctor González, de 38 años, el 21 de julio de 2025.

González murió aplastado por la caída de materiales de construcción mientras descargaba suministros en Camp East Montana, un importante centro de detención de inmigrantes en construcción en Fort Bliss, cerca de El Paso, Texas.

La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de EE. UU. (OSHA) determinó que las empresas: Base International, JMJ Production Services y Fulfillment Personnel Services infringieron las normas que rigen el uso de montacargas industriales.

En concreto, los trabajadores estuvieron expuestos a cargas inestables y elevadas de vigas compuestas y no contaban con la certificación adecuada para operar el equipo.

Base International, la empresa que empleaba a González, es propiedad del empresario floridano Nathan Albers, donante de Trump, otros políticos y grupos republicanos en los últimos años, y está impugnando la multa propuesta de 11.585 dólares.

JMJ Production Services y Fulfillment Personnel Services pagaron multas reducidas de 15.000 dólares cada una en febrero.

El terrible incidente ocurrió pocos días después de que el Ejército adjudicara un contrato por un valor de hasta 1300 millones de dólares para la construcción de las instalaciones.

A González le sobreviven sus 3 hijas y su esposa.

El Campamento East Montana abrió sus puertas en agosto de 2025 y rápidamente se convirtió en el centro de detención más grande del ICE. Este campamento ha estado plagado de denuncias de condiciones inhumanas, brotes de enfermedades y la muerte de 3 detenidos en diciembre y enero.

La agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) informó este lunes que Alejandro Cabrera Clemente, un hombre mexicano de 49 años, falleció el sábado 11 de abril de 2026 mientras se encontraba bajo custodia federal en el Winn Correctional Center en Winnfield, Louisiana.

Según el comunicado oficial, Cabrera Clemente fue encontrado inconsciente y sin respuesta durante la mañana del sábado. El personal médico activó una emergencia, realizó maniobras de reanimación y lo trasladó a un hospital local, donde fue declarado fallecido a las 8:51 a.m.

Esta es la decimosexta muerte (16ª) en custodia de ICE en lo que va del año 2026.

Cabrera Clemente había sido detenido por ICE en enero de 2026 en Tennessee. La agencia indicó que tenía antecedentes penales que incluían cargos por violencia doméstica, posesión de drogas y otras infracciones.

La causa oficial de la muerte aún está bajo investigación.

ICE notificó a la Embajada de México y a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Esta muerte eleva a 47 el total de fallecimientos en custodia de ICE durante la actual administración.

Una nueva demanda colectiva presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York acusa al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y sus agencias, incluyendo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), de realizar detenciones y arrestos ilegales basados ​​únicamente en la raza y el origen étnico percibidos.

La demanda, presentada entre el 8 y el 9 de abril de 2026 por la Sociedad de Asistencia Legal, la Unión de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU), Make the Road New York y el bufete de abogados Covington & Burling LLP, alega que agentes federales han llevado a cabo un patrón de “detenciones sin sospecha” dirigidas a personas latinas y otras personas de color en todo el estado de Nueva York.

Los demandantes alegan que los agentes detuvieron y, en ocasiones, retuvieron a personas (incluyendo ciudadanos estadounidenses y residentes legales) durante semanas sin sospecha razonable de una infracción migratoria, a menudo basándose únicamente en la apariencia, el hecho de hablar español u otros marcadores étnicos.

La demanda afirma que estas prácticas violan la Cuarta Enmienda (detenciones irrazonables) y las garantías de igualdad ante la ley.

Ocho demandantes latinos de todo el estado de Nueva York, además del Centro de Trabajadores del Centro de Nueva York, figuran en la demanda, que busca una declaración judicial, una orden para detener la supuesta política y la certificación de un grupo más amplio de personas afectadas.

El DHS y el ICE aún no se han pronunciado públicamente sobre las acusaciones específicas. El caso se encuentra en sus primeras etapas.

Una coalición de más de 100 organizaciones afines a MAGA publicó el 30 de marzo de 2026 un “Manual de la Coalición para la Deportación Masiva” de 21 puntos, en el que se exige la deportación de al menos un millón de inmigrantes indocumentados en 2026, redadas agresivas en fábricas y granjas, y una importante ampliación de la capacidad de detención.

Esta propuesta surge después de que la administración Trump no alcanzara sus objetivos para 2025: aproximadamente 600.000 deportaciones y 72.000 camas diarias en el ICE, en lugar del millón de deportaciones y 100.000 camas previstos.

El arquitecto Stephen Miller y el zar de la frontera, Tom Homan, se enfrentan a la presión de los sectores más intransigentes tras la caída de la aprobación pública de las políticas migratorias de Trump al 38%.

Entre las medidas clave se incluyen auditorías más exhaustivas a empleadores y redadas en granjas y fábricas, la verificación electrónica de antecedentes (E-Verify) obligatoria, restricciones en las cuentas bancarias para personas sin estatus legal, denegaciones de asilo más rápidas, sanciones a países que no cooperen y nuevas unidades federales para deportaciones masivas. El plan se asemeja mucho a elementos del Proyecto 2025.

Homan ha indicado que se intensificarán los controles en los lugares de trabajo en 2026.

Los críticos, incluidos abogados de inmigración y exjueces, advierten que el plan conlleva el riesgo de violaciones del debido proceso y podría afectar a millones de personas sin antecedentes penales (el 73 % de los detenidos actuales del ICE, según informes de organizaciones de defensa de los derechos humanos).

El Departamento de Seguridad Nacional supuestamente no ha adoptado el documento como política oficial.