Una jueza federal de Massachusetts consideró ilegal la decisión de la administración Trump de cancelar de forma masiva el estatus de parole otorgado a casi 900.000 migrantes que entraron al país mediante la aplicación CBP One.
En una decisión emitida el 31 de marzo de 2026, la jueza Allison D. Burroughs dictaminó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) excedió su autoridad legal al enviar correos electrónicos en abril de 2025 notificando a los beneficiarios que debían abandonar Estados Unidos en 7 días.
Burroughs argumentó que los reglamentos del DHS no otorgan “discreción ilimitada” para terminar el parole sin determinar previamente que los fines humanitarios o de beneficio público que lo justificaron ya no existían.
Además, la terminación masiva violó el debido proceso y la Ley de Procedimiento Administrativo.
La orden judicial anula las cancelaciones y ordena restaurar el estatus legal y los permisos de trabajo a los miembros de la clase afectada que aún permanecen en el país. La demanda fue presentada por migrantes de Venezuela, Cuba y Haití junto a la Asociación Venezolana de Massachusetts.
La decisión representa un revés significativo para la política migratoria de la actual administración.
