La Administración de la Seguridad Social impondrá requisitos más estrictos de verificación de identidad, lo que obligará a los beneficiarios a visitar las oficinas en persona. Dichas medidas se imponen en medio de una ola de cierre de oficinas y despidos masivos. Los defensores están preocupados por las barreras excesivas impuestas a una población vulnerable.
La Administración de la Seguridad Social de los Estados Unidos ha implementado medidas más estrictas de verificación de identidad para combatir las solicitudes fraudulentas.
A partir del 31 de marzo, los solicitantes y beneficiarios de la Seguridad Social ya no podrán verificar su identidad por teléfono, y aquellos que no puedan hacerlo en línea a través del servicio “Mi Seguridad Social” deberán acudir personalmente a una oficina de campo de la agencia para completar el proceso.
Esto ha generado preocupación entre defensores de los jubilados, ya que las personas de edad avanzada en áreas rurales, con discapacidades o con acceso limitado a Internet se verán especialmente afectadas.
Además, la agencia ha anunciado planes para cerrar al menos 47 oficinas de la Seguridad Social en todo el país, lo que podría dificultar aún más la obtención de beneficios.
💸 Adicionalmente, los depósitos directos se verificarán en 1 día hábil para hacer frente al fraude 💸
El cambio en la verificación de identidad se suma a la agilización del procesamiento de las solicitudes de cambio de depósito directo de los beneficiarios. Anteriormente, los cambios en línea se retenían durante 30 días, pero ahora se procesarán en un día hábil. La agencia afirma que estas medidas ayudarán a combatir el fraude de depósito directo, que le cuesta a la Seguridad Social más de 100 millones de dólares al año.
A pesar de las preocupaciones planteadas, la administración de la Seguridad Social enfatiza que estas medidas ayudarán a proteger mejor a los ciudadanos y a agilizar el servicio. Sin embargo, los críticos argumentan que el cierre de las oficinas y los despidos masivos de los empleados federales dificultarán aún más el acceso a los beneficios.
Más de 72,5 millones de personas, entre jubilados y niños, reciben prestaciones a través de la Seguridad Social.
