En una histórica decisión unánime de 9 a 0, el 25 de febrero de 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos falló en contra de The GEO Group, un importante operador de prisiones privadas, permitiendo que una demanda colectiva que acusaba a la empresa de explotar a migrantes detenidos siguiera adelante.
El caso, originado en una presentación de 2014 en Aurora, Colorado, alega que GEO obligó a detenidos inmigrantes a realizar trabajos de limpieza y otros por tan solo un dólar al día —o nada en absoluto— bajo amenaza de castigo, violando así la Ley de Reautorización de la Protección de las Víctimas de la Trata de Personas (TVPRA).
GEO se defendió alegando inmunidad soberana derivada, argumentando que simplemente seguía las directivas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) durante las administraciones de Obama y Trump.
Sin embargo, los jueces rechazaron esta decisión, afirmando que la denegación de dicha inmunidad no es inmediatamente apelable, devolviendo el asunto a tribunales inferiores para su juicio sobre el fondo.
Este revés procesal para GEO, que opera numerosas instalaciones del ICE y reportó miles de millones de dólares en ingresos, podría exponer a los contratistas privados a una mayor rendición de cuentas.
Los defensores de los derechos de los migrantes elogian el fallo como un paso hacia el fin de la “esclavitud moderna” en los centros de detención, lo que podría dar lugar a más demandas de miles de migrantes afectados.
GEO no ha hecho comentarios públicos, pero el caso pone de relieve los debates en curso sobre los derechos de los detenidos en medio de la fluctuación de las políticas fronterizas.
