Más de 6.400 refugiados, solicitantes de asilo y beneficiarios de DACA en Texas han perdido ya sus licencias comerciales de conducir (CDL), según reveló este 2 de abril un informe del Texas Tribune.
Los cancelaciones comenzaron en noviembre de 2025 y se aceleraron tras una regla federal de emergencia del Departamento de Transporte, vigente desde el 16 de marzo de 2026, que limita las CDL solo a titulares de visados específicos de trabajo (H-2A, H-2B y E-2).
Refugiados y DACA quedaron excluidos. La medida, impulsada por el secretario Sean Duffy, responde a auditorías federales tras accidentes fatales.
En Texas, el Departamento de Seguridad Pública (DPS) ya revocó más de 6.400 licencias, lo que representa cerca de dos tercios de los conductores con estatus discrecional en el estado.
Además, el Texas Department of Licensing and Regulation restringió decenas de licencias ocupacionales (electricistas, médicos, cosmetólogos, HVAC, etc.) a quienes no tengan green card, asilo aprobado o estatus de víctima de trata.
La ofensiva no se detiene ahí.
Tras un fallo judicial de junio de 2025, se eliminó el acceso a la matrícula estatal para hasta 18.500 estudiantes indocumentados.
En paralelo, avanza un movimiento conservador (impulsado por Stephen Miller, la Heritage Foundation y legisladores republicanos de Texas) para prohibir el acceso de niños indocumentados a las escuelas públicas K-12 y universidades, desafiando el fallo histórico Plyler v. Doe de 1982.
El portavoz de Gov. Greg Abbott lo resumió claro: “Los beneficios y servicios pagados por los contribuyentes no deben incentivar la presencia ilegal”.
Todas estas medidas que van desde la educación infantil hasta el trabajo y la movilidad, generan temor en las familias en medio de un aumento de aplicación agresiva de nuevas normas migratorias, mientras incentiva la exclusión con consecuencias económicas, sociales y morales para miles de residentes.
