Según un análisis detallado de datos gubernamentales, las detenciones de inmigrantes sin antecedentes penales por parte del ICE se multiplicaron por más de 8 durante el primer año del segundo mandato del presidente Donald Trump.

El Proyecto de Datos de Deportación de la Universidad de California en Berkeley y la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), utilizando registros del ICE obtenidos mediante una demanda amparada por la Ley de Libertad de Información, informa que las detenciones totales del ICE se cuadruplicaron (4,4 veces) en comparación con los últimos meses de la era Biden, con datos hasta el 10 de marzo de 2026.

Las detenciones en la calle (realizadas en barrios, tribunales de inmigración y durante controles rutinarios del ICE) se multiplicaron por 11, un cambio que el proyecto califica de sin precedentes.

Las detenciones de personas sin antecedentes penales aumentaron 8,7 veces, mientras que las de personas con condenas por delitos violentos se incrementaron un 37 % y las de personas con condenas por delitos no violentos se duplicaron.

Estos cambios provocaron un aumento de cinco veces en las deportaciones internas, facilitado por una capacidad de detención cuadruplicada y tasas de liberación drásticamente más bajas (que cayeron del 35 % al 7 % para personas no condenadas en un plazo de 60 días).

DHS descarta estas cifras, calificándolas de sesgadas

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) refuta los hallazgos, calificándolos de sesgados e inexactos.

Un portavoz del DHS declaró que el 70 % de las detenciones del ICE involucran a “inmigrantes ilegales con antecedentes penales” que han sido condenados o acusados ​​de delitos, y enfatizó que todo indocumentado ha cometido un delito federal al ingresar o permanecer ilegalmente en el país. La agencia continúa priorizando a “los más peligrosos”, incluidos pandilleros y delincuentes violentos.

El Proyecto de Datos de Deportación sostiene que se basa exclusivamente en los conjuntos de datos no verificados del propio ICE y ha publicado todos los datos brutos y la metodología para garantizar la transparencia.

Annie Ramos, una estudiante universitaria hondureña de 22 años sin antecedentes penales, fue liberada de la detención del ICE el 7 de abril de 2026, tras ser arrestada el 2 de abril en Fort Polk, Luisiana.

Ramos había llegado a la base con su esposo, el sargento del Ejército de EE.UU. Matthew Blank, de 23 años, días después de su boda en marzo, para registrarse como cónyuge de militar y obtener beneficios que les permitieran vivir juntos antes de su próximo despliegue.

Según el Times, la pareja había contratado previamente a un abogado para ayudar a Ramos en su proceso de ciudadanía. En 2020, solicitó protección contra la deportación bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), pero su solicitud no fue procesada.

Annie habría llegado al país con menos de 1 año de edad. El DHS determinó que debe llevar un monitor GPS mientras continúa el proceso de deportación

Ramos fue traída a Estados Unidos desde Honduras cuando era una niña pequeña, de aproximadamente 22 meses, a principios de 2005.

Según las autoridades federales citadas por el New York Times, su familia no se presentó a una audiencia de inmigración, lo que resultó en una orden de deportación emitida en ausencia ese mismo año. Ha vivido en Estados Unidos casi toda su vida y estaba cursando una licenciatura en bioquímica con una beca para estudiantes indocumentados.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) declaró que ingresó ilegalmente y no tiene estatus legal, por lo que debe usar un dispositivo de monitoreo GPS mientras continúan los procedimientos de deportación.

El caso ha generado críticas generalizadas en medio de la intensificación de las deportaciones por parte del gobierno de Trump, y los defensores de los derechos humanos han destacado el impacto en las familias de militares y los residentes de larga data que fueron traídos a Estados Unidos siendo niños.

“Quiero terminar mi carrera, continuar mi educación y servir a mi comunidad, tal como mi esposo sirve a nuestro país con honor”, dijo tras su liberación.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) hirieron a tiros a un hombre el martes durante un control de tráfico selectivo en Patterson, una ciudad del Valle Central ubicada a unos 119 kilómetros al sureste de San Francisco.

Según las autoridades federales, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) identificó al hombre como Carlos Iván Mendoza Hernández, miembro de la pandilla Barrio 18 (Calle 18), buscado en El Salvador para ser interrogado en relación con un homicidio.

No obstante, Patrick Kolasinski el abogado de la familia declaró a la AP que estos cargos eran falsos, y que las autoridades pudieron haberlo confundido con otra persona con un nombre similar.

El DHS declaró que sus agentes intentaban detenerlo cuando Mendoza Hernández intentó huir y presuntamente usó su vehículo como arma. Los agentes dispararon en defensa propia, hiriéndolo.

Aunque fue trasladado a un hospital local, sus familiares denuncian que no han podido verlo desde que ocurrió el incidente. Declaran que una trabajadora social les informó que permanece en condición estable. Así mismo, ningún agente resultó herido.

El incidente fue grabado en video por medios de comunicación locales y está bajo investigación.

DHS insiste en que el tiroteo fue defensivo y afirmó que la operación forma parte de los esfuerzos continuos para detener a personas con antecedentes penales graves.

Este es el último de una serie de incidentes de alto perfil que involucran a agentes del ICE en 2026.