Neiyerver Adrián León Rengel, un venezolano de 28 años, presentó el martes una demanda federal contra el Gobierno de Estados Unidos exigiendo al menos 1,3 millones de dólares por concepto de daños tras su deportación ilegal a El Salvador en marzo de 2025.

Según la demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Columbia, León Rengel ( quien era un barbero que residía en Irving, Texas) ingresó legalmente al país mediante la aplicación CBP One y tenía un proceso de asilo en curso, asistiendo regularmente a sus audiencias judiciales.

La demanda es la primera en su naturaleza y está respaldada por varias ONGs que buscan sentar un precedente ante la agresividad de las políticas de deportación

Fue detenido el 13 de marzo de 2025 en Texas y, junto con decenas de otros venezolanos, fue enviado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad en El Salvador conocida por sus duras condiciones.

León Rengel alega que las autoridades estadounidenses lo identificaron erróneamente como miembro de la banda criminal Tren de Aragua basándose principalmente en sus tatuajes, sin evidencia concluyente ni antecedentes penales.

Afirma que la deportación violó órdenes judiciales vigentes, le negó el debido proceso y lo expuso a detención arbitraria, abusos físicos, aislamiento y trauma psicológico severo durante aproximadamente 4 meses en el CECOT, lo que describió como “un infierno total”. Dijo que contempló el suicidio. Fue liberado en julio de 2025 y regresado a Venezuela.

La demanda, respaldada por la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) y el Democracy Defenders Fund, acusa al gobierno de falsa prisión, negligencia, abuso de proceso e infligir intencionalmente angustia emocional. Los abogados argumentan que se trató de una deportación a un tercer país sin base legal adecuada bajo la Alien Enemies Act.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) mantiene que León Rengel representaba una amenaza a la seguridad pública por supuestos lazos con Tren de Aragua, aunque no ha divulgado evidencia pública por razones de seguridad nacional.

Este caso es el primero conocido de un exrecluso del CECOT que demanda directamente a EE.UU. por daños.

Un video de vigilancia obtenido mediante solicitud pública expone cómo agentes federales trasladaron al niño ecuatoriano Liam Conejo Ramos, de 5 años, y a su padre Adrián Conejo Arias en un vuelo comercial de Delta Airlines desde el Aeropuerto Internacional de Minneapolis-St. Paul hacia un centro de detención familiar en Dilley, Texas, apenas un día después de su detención en enero de 2026.

Liam, quien se convirtió en símbolo de la dura política migratoria de la administración Trump, fue detenido junto a su padre durante un operativo en Minneapolis.

El video reciente, difundido en los últimos días, muestra al menor y a su papá siendo escoltados con calma por el aeropuerto, lo que activistas y medios interpretan como evidencia de una estrategia menos visible: el uso de vuelos comerciales regulares para transportar a detenidos migratorios hacia centros de detención, en lugar de aviones exclusivos de deportación y con escoltas vestidos como cualquier otro pasajero.

Esta práctica, según reportes, facilitaría operaciones masivas al integrarse al flujo normal de pasajeros, aunque complica la documentación pública de los traslados.

El video ha reavivado el debate sobre los métodos de la ofensiva migratoria de Trump, incluyendo el uso de niños en operativos y el traslado de familias en aeropuertos comerciales como el de Atlanta u otros hubs. Críticos lo ven como parte de una estrategia para agilizar detenciones y deportaciones masivas, mientras el gobierno defiende que se actúa conforme a la ley contra personas sin estatus legal.

Mientras tanto, la familia Conejo apelará para evitar la expulsión.

En Cambridge, Maryland, una propietaria se ha vuelto viral tras supuestamente contratar a un equipo de techadores que sabía que empleaba a trabajadores guatemaltecos indocumentados, y luego contactar al ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) cuando el trabajo, que duró tres días, estaba casi terminado, supuestamente para evitar pagar una factura estimada en 10.000 dólares.

La dramática escena se desarrolló el 25 de marzo de 2026, cuando seis trabajadores de la empresa Allied Remodeling, de Maryland Central, aún se encontraban en el tejado.

Agentes del ICE rodearon la casa; un compañero de trabajo, Bryan Polanco, transmitió en vivo los arrestos. El video muestra a los agentes indicándoles a los hombres que bajaran mientras los trabajadores gritaban en español: “¡Nos denunció a la policía y ahora estamos en un buen lío!”.

Polanco declaró a Univision que la propietaria ya había advertido al equipo sobre los peligros de contratar trabajadores indocumentados, pero aun así los contrató.

Incluso, según se informa, les entregó una escalera a los agentes para que pudieran acceder al tejado.

Las reacciones están muy divididas. Sus partidarios elogian a la mujer como una patriota que hace cumplir la ley de inmigración y se niega a subvencionar el trabajo ilegal. Los críticos la tachan de explotación despiadada: utilizar a los trabajadores prácticamente gratis para luego denunciarlos.

Algunos señalan que la empresa de techos podría enfrentar multas por contratar personal indocumentado, mientras que otros argumentan que los trabajadores merecen recibir un pago por el trabajo ya realizado.

Esta historia pone de relieve el acalorado debate migratorio en Estados Unidos: el estado de derecho frente a las acusaciones de traición y robo de salarios.

No se han presentado cargos contra la propietaria de la vivienda, y el ICE no se ha pronunciado públicamente al respecto.