El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco, dictaminó este jueves en una decisión 2-1 que la administración de Donald Trump no puede negar el derecho a una audiencia de fianza a inmigrantes detenidos en el interior de Estados Unidos. Un juez nombrado por el propio Trump, Daniel Bress, formó parte de la mayoría.
La política, implementada en julio de 2025, ampliaba la detención obligatoria sin posibilidad de fianza a personas arrestadas lejos de la frontera mientras tramitaban sus casos de inmigración.
Bajo gobiernos anteriores, la mayoría de los no ciudadanos sin antecedentes penales podían solicitar una audiencia de fianza. Trump argumentó que una ley de 1996 autorizaba esta medida, pero el tribunal rechazó esa interpretación y se basó en la comprensión histórica de la norma.
Esta es al menos la quinta corte de apelaciones que rechaza la política (junto con el Segundo, Sexto, Décimo y Décimo Primero). En contraste, el Quinto y el Octavo Circuitos se han alineado con el gobierno. La división aumenta las posibilidades de que la Corte Suprema intervenga.
El fallo beneficia a detenidos en la jurisdicción del Noveno Circuito (que incluye California, Washington y otros estados del oeste) y se suma a cientos de decisiones de jueces de distrito que han declarado ilegal la detención sin fianza.
Grupos como la ACLU celebraron el revés para la estrategia de deportaciones masivas. El Departamento de Seguridad Nacional expresó desacuerdo y confía en su postura legal.
